El Gobierno da marcha atrás y flexibiliza el acceso al Reprocann

El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en la regulación del uso terapéutico del cannabis en Argentina. A través de la Resolución 1780/2025 publicada en el Boletín Oficial, se actualizaron los requisitos de acceso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), facilitando nuevamente la inscripción de pacientes, cultivadores y organizaciones civiles, tras los fuertes límites que habían sido establecidos por la gestión anterior.

Esta nueva disposición deroga la controvertida Resolución Ministerial 3132/2024, que había impuesto numerosas trabas al acceso al cannabis medicinal, con el argumento de haber detectado un uso "indebido y abusivo" del programa. La nueva normativa, en cambio, busca “corregir los efectos adversos del sistema tal como actualmente se encuentra regulado” y apunta a un “reordenamiento del marco normativo relativo a los cultivadores para uso terapéutico”.

Desde ahora, el Reprocann queda dividido en dos grandes grupos de inscriptos. Por un lado, se incluyen las autorizaciones destinadas al cultivo con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. En este grupo se contempla a los pacientes que autocultivan, sus familiares, terceros cultivadores autorizados y organizaciones civiles con permisos vigentes. Por el otro, se incorporan las personas físicas o jurídicas que desarrollen proyectos de investigación en el marco de la Ley 27.350.

La resolución reconoce que muchos de estos proyectos de investigación se convirtieron en actores clave dentro del ecosistema del cannabis medicinal en el país. Por eso, se crea una categoría específica para regularlos, contemplando su impacto y especificidades.

A partir de esta reforma, podrán volver a inscribirse al Reprocann quienes cuenten con indicación médica para el uso de cannabis y sus derivados. También lo podrán hacer aquellos que, cumpliendo con los requisitos establecidos, actúen como cultivadores para un tercero o dentro de una entidad legalmente reconocida, como asociaciones civiles o fundaciones.

Esta flexibilización representa un giro significativo respecto a las restricciones impuestas en 2024. En ese entonces, el Ministerio de Salud había cerrado la posibilidad de nuevas inscripciones, generando un fuerte rechazo por parte de organizaciones y usuarios que advertían sobre un retroceso en el acceso al tratamiento.

Ahora, con la nueva normativa, el Estado busca encontrar un equilibrio entre el control sanitario y el derecho de los pacientes a acceder a terapias basadas en cannabis. Además, al reconocer la figura de los proyectos de investigación, se abre una puerta para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector, que ya cuenta con una activa participación en ferias y eventos como Expo Cannabis.

Con este nuevo marco regulatorio, el Gobierno intenta ordenar el uso del cannabis medicinal sin volver a limitar de forma tajante el acceso, como ocurrió el año pasado. La medida ya fue bien recibida por organizaciones vinculadas al sector, que ven en esta resolución un paso necesario hacia una política pública más inclusiva y basada en evidencia científica.