Promulgaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero el Gobierno no comienza a aplicarla

Este lunes el Gobierno se vio obligado a promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el ida y vuelta entre el Congreso y Javier Milei: pese a que, en un primer momento, el Ejecutivo vetó la norma aprobada por ambas cámaras, la semana pasada los legisladores insistieron con el proyecto y rechazaron el veto presidencial.

Así, hoy se promulgó la Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027 en busca de aplacar la situación crítica del sector con mejoras en el financiamiento de pensiones, prestaciones básicas y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre otras cuestiones.

Esto se hizo oficial a través del Decreto 681/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, sin embargo, este también posterga la aplicación de la norma: tal como adelantó la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se exige al Congreso que "incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley" para que esta comience a correr.

Así, aunque la norma se promulgó, esta no se pondrá en marcha hasta que el Congreso determine "las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento": la justificación del Gobierno.

Según los cálculos oficiales, la implementación de la Ley N° 27.793 "demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $ 3.019.508.900.000, equivalente a 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI)".

Entre los puntos más relevantes de la Ley de Emergencia en Discapacidad se establece una ampliación de las Prestaciones por Discapacidad a todos aquellos individuos que tengan el Certificado Único (CUD) y que no superen dos salarios mínimos de ingresos.

Emergencia en Discapacidad: qué dice la ley

La Ley  declara la emergencia nacional en el sector para todo el territorio argentino. Esto correrá hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarse por un año más.

Su objetivo principal es asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizando derechos como un nivel de vida adecuado, salud, educación, trabajo y protección social.